El argumento de la fiscalía indica que los formatos utilizados por estas dos personas para registrar el apoyo ciudadano, en el primer caso, para 12 aspirantes y en el segundo caso para 11 personas que aspiraban a ser candidatos a legisladores federales, no fueron expedidos por el Instituto Nacional Electoral, además de que carecen de elementos como fotografía, impresión dactilar y firma del ciudadano, lo que resulta irregular.
Una vez que el juez valoró los datos de prueba que presentaron tanto la fiscalía como la defensa, los imputados fueron vinculados a proceso y se otorgó un plazo de tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria.
Los inculpados, en caso de ser encontrados culpables, serían acreedores a una multa de 60 a 200 días y una pena de prisión que va de tres a siete años de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El INE dio a conocer muestras de los documentos falsos que se incluyeron en los apoyos.