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Ven riesgos de salud pública en Acuerdo de Apertura contra Inflación y Carestía

El convenio estará vigente desde la fecha de la firma y hasta el último día de febrero del próximo año.

MEXICO. 13 / OCTUBRE / 2022 (REDACCION) | Diputadas federales que forman parte de las Comisiones de Ganadería y de Salud en el Congreso de la Unión señalaron que el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía que recientemente se firmó entre empresas productoras de alimentos y el ejecutivo federal, representa un riesgo potencial de salud pública al suspender, con el argumento de reducir costos de producción, las regulaciones en importación de alimentos, así como los permisos otorgados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Durante una rueda de prensa realizada este miércoles en la Cd de México, la diputada federal María del Refugio “Cuquis” Camarena Jáuregui, Presidenta de la comisión de ganadería, así como la diputada federal Frinné Azuara Yarzábal, Secretaria de la comisión de salud, afirmaron que esta disposición contenida en el acuerdo representa un peligroso error del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello la legisladora “Cuquis” Camarena hizo un “llamado enérgico” al titular del ejecutivo federal para que considere integrar a este acuerdo la participación de SENASICA y COFEPRIS como organismos independientes encargados de la vigilancia sanitaria y la reducción de riesgos de salud en la población:

“Hago un llamado enérgico y respetuoso al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que le dé el valor que tiene SENASICA y COFEPRIS como instituciones fundamentales para garantizar la sanidad animal, la inocuidad agroalimentaria y la salud de las familias de México”.

Dijo que el presidente aún está es tiempo de corregir el rumbo y permitir que se regule la sanidad e inocuidad de los alimentos que se consumen en todo el país por las familias mexicanas, y que dijo, las decisiones no se deben tomar con base únicamente en la confianza y no en la ley:

“Aún estamos a tiempo de corregir el terrible error de Estado que está cometiendo el Ejecutivo Federal, aún está a tiempo de corregir el camino para garantizar la sanidad de los alimentos provenientes de otros países y la salud de las familias de México”.

Luego tomó la palabra la diputada Frinné Azuara Yarzábal, quien como secretaria de la comisión de salud en el Congreso dijo que con la suspensión de esta normatividad que rige la seguridad e inocuidad de los alimentos que consumimos se corre el riesgo de que entren al país productos contaminados, de dudosa calidad, o caducos poniendo en riesgo a la población que los consume, pero además, podrían generar que en el extranjero duden de la buena calidad de los productos mexicanos y esto genere además un impacto económico al reducir su demanda:

“Por la suspensión de las normas que rigen la supervisión de la seguridad y calidad de los alimentos, habrá riesgo de que lleguen al país productos contaminados, caducados, no aptos para su consumo, que representan un riesgo severo y que pueden poner en riesgo millones de vidas, propagar enfermedades y hasta generar desconfianza en el mundo, por lo que nuestros productos serían rechazados en el mercado internacional”.

Según señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, se busca la reducción de costos en logística, por lo que el Gobierno de México emitirá una licencia única universal a las empresas adheridas al pacto, con la que exentarán el pago de permisos de importación, así como permisos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dejando en las empresas participantes la responsabilidad de cumplir con las normas de inocuidad y calidad, así como a que los productos que importen estén libres de contingencias y la realización de auto verificaciones.

Las empresas participantes en este acuerdo son:

Tuny y Grupo Pinsa-Dolores – empacadores de atún

Grupo Gruma-Maseca y Minsa – productores de harina de maíz y tortillas

Bachoco – productor de pollo y huevo

San Juan y Calvario – productores de huevo

Sukarne y Grupo Gusi – procesadores de carne de res

Opormex y Sigma alimentos – procesadores de carne de cerdo

Walmart, Soriana y Chedraui – distribuidores

Y Valle Verde – distribuidores de granos y semillas

El convenio estará vigente desde la fecha de la firma y hasta el último día de febrero del próximo año.

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