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AUTLAN, JAL. 16/JUNIO/2020 (REDACCIÓN) | La Diputada Federal Mónica Almeida presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a que descongelen las cuentas bancarias de los municipios que se encuentran bajo investigación por el operativo “Agave Azul”, al considerar que esta medida vulnera los derechos laborales de los trabajadores municipales, además de que pone en riesgo la operatividad de los Ayuntamientos y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Almeida López dijo que con este exhorto busca que las autoridades federales liberen las cuentas bancarias porque las investigaciones que realizan no deben afectar las funciones sustantivas de los ayuntamientos:
“Esto no debe afectar las funciones sustantivas de los ayuntamientos, porque el congelamiento de sus cuentas genera una parálisis de los propios ayuntamientos, por la cual he solicitado en un Punto de Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se desbloqueen las cuentas bancarias que tienen que ver con el funcionamiento directo de los Ayuntamientos”.
La legisladora consideró que es importante dar seguimiento a las indagatorias para detener las actividades ilícitas, pero el inmovilizar los recursos de los ayuntamientos se afecta de una u otra forma a toda la comunidad:
“Si bien es necesario detener la corrupción, esto no debe de ser afectando a los habitantes de los municipios… Al congelarlas (las cuentas bancarias) se genera una falta de flujo de recursos, que impide el otorgamiento de los servicios públicos, afectando el interés individual y colectivo, los derechos laborales y las obligaciones contractuales del ayuntamiento en materia civil y mercantil”
Mónica Almeida explicó que los ayuntamientos no tienen facultades ni la capacidad técnica o financiera para investigar y determinar si las personas físicas o empresas con las cuales realizan adquisiciones de bienes o prestación de servicios operan con recursos de procedencia ilícita, por lo que las autoridades federales realizan esta tarea, pero ésta debe realizarse manteniendo a salvo los derechos de los ciudadanos:
“he presentado este punto de acuerdo para que la SHCP y la UIF establezcan un procedimiento en donde sí se combata a la corrupción, pero que no afecten los derechos de los habitantes de los municipios”.